Como cada 8 de marzo, las mujeres y las lesbianas nos auto convocamos en diversas latitudes del Sur Global elevando nuestras demandas y consignas que reflejan nuestros contextos territoriales particulares, muchos permeados por el saqueo extractivista, los asesinatos a líderes y lideresas comunitarias y socio-ambientales, crisis sistémicas y estructurales de carácter socioeconómico o político, desplazamientos forzados y una guerra permanente contra las mujeres y disidencias sexo genéricas tal como lo expresan las altas cifras de feminicidios en la región[1].

Así, desde las múltiples resistencias de Abya Yala (o de América Latina y el Caribe) las mujeres y disidencias sexo-genéricas migrantes también se acuerpan y resisten y en esta fecha emblemática es necesario repasar lo que pasa en Chile.

La migración es ancestral, nuestros pueblos y comunidades han transitado históricamente por diversos territorios; sin embargo, en la modernidad actual, los nuevos desplazamientos forzados han develado las tensiones de narrativas racistas y xenofóbicas contra quienes migramos, golpeando doblemente a las mujeres e infancias migrantes. En Chile, las violencias hacia dichas comunidades están fuertemente marcadas por un Estado que no garantiza la regularidad migratoria, sino que perpetúa la irregularidad y la criminalización de las personas y comunidades migrantes, levantando políticas de control y seguridad nacional contra ellas, avalando así un sistema racista y desigual.

La violencia de género en particular para las mujeres y disidencias sexo-genéricas migrantes sigue siendo una problemática sin atender, la dificultad o imposibilidad en el acceso a la visa por violencia intrafamiliar para las mujeres migrantes continúa; e incluso, quienes acuden a los programas de protección contra la violencia de género y se encuentran irregularizadas, la institucionalidad las abandona y el Estado no logra cumplir con los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos de garantizar una vida libre de violencias.

Para una mujer migrante que ha sido víctima de violencia de género -y más si tiene hijes-, es fundamental contar con su documentación, para así lograr una autonomía progresiva y acceder a servicios básicos como atención médica, trabajo o educación, sin quedar a merced de su victimario. Cabe destacar además que las mujeres afrodiaspóricas provenientes de Haití o de África se enfrentan a una brecha lingüística al no contar con documentos traducidos a sus idiomas nativos o intérpretes que velen por su derecho a hablar en su lengua, lo que refleja la constante injusticia racista, colonial y patriarcal.

También nuestra presencia en el ámbito laboral ha reforzado los estereotipos y estigmas en torno a nuestras capacidades laborales, productivas y reproductivas. Somos las mujeres y disidencias sexo-genéricas que migramos las sostenedoras de las cadenas globales de cuidados, las “nanas”, las cuidadoras de otras familias, las proveedoras de servicios, las vendedoras ambulantes, las trabajadoras temporeras; que se enfrentan a un Estado que sigue sin reconocer los estudios en los países de orígen y nos condena a trabajos precarizados o informales.

Por otra parte, vemos con mucha preocupación la militarización de la frontera norte de Chile; nos duele cómo el cierre de fronteras que inició el 2018 se ha agudizado a tal punto de considerar efectiva la presencia militar para abordar un asunto humanitario como lo son los desplazamientos forzados y la movilidad humana a nivel regional; somos testigos de las consecuencias de dichas prácticas en Wallmapu, y sobre todo cómo afectan a las mujeres e infancias. No creemos que la solución a una crisis humanitaria pase por el control militar y el uso de las armas, ni menos que se siga criminalizando a quienes cruzan las fronteras por una mejor vida.

Sin embargo, ante tal panorama, son las organizaciones de mujeres, disidencias migrantes y afrodiaspóricas quienes seguimos sosteniendo el tejido de redes de apoyo, de cuidado de las comunidades y resistiendo en los territorios ante un Estado que no genera políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género y que perpetúa lógicas racistas que imposibilitan la vida de las mujeres, en especial de aquellas migrantes negras o indígenas descendientes.

Urgen políticas que promuevan y eleven nuestras re existencias, urge una mayor conciencia y educación en derechos humanos con perspectiva antirracista e intercultural, urgen políticas que invitan a dialogar con nuestras diferencias y no ver en nosotras/es enemigas internas, urgen políticas que pongan en el centro a las mujeres sin importar su origen, color de piel o nacionalidad, necesitamos derribar las fronteras físicas y mentales para construir colectivamente un vida digna para todas y todes.
Es preciso que este 8M las mujeres y disidencias sexo-genéricas migrantes estén presentes y se reconozcan sus aportes, luchas, problemáticas y apuestas; no puede haber feminismo sin antirracismo, no puede haber lucha antipatriarcal sin que se condene también la xenofobia, el clasismo y la aporofobia. Y no solo hoy, sino que siempre. Apaña a la compañera migrante con su emprendimiento, apoya a quienes estén luchando por su visa, difunde información de colectivos migrantes y promigrantes, adhiere declaraciones y comunicados que busquen justicia para mujeres migrantes, que los muros no nos hagan olvidar que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y que no distingue fronteras.

“Mujeres migrantes, mujeres valientes, cruzamos las fronteras, no somos delincuentes”.

[1] En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región, según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región. En Venezuela, según datos suministrados por la organización UTOPIX.CC, hasta diciembre de 2022 se contabilizaron un total de 236 femicidios: https://utopix.cc/serie/femicidios/  En Chile, en tanto, de acuerdo a los datos de la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, se han registrado durante el 2023 seis feminicidios, de los cuales, tres corresponden a mujeres migrantes de Colombia, Haití y Venezuela.