Participación, información y reparación en el centro del diálogo regional sobre debida diligencia en el sector agrícola

El cambio de un modelo voluntario de responsabilidad social empresarial a uno de debida diligencia en derechos humanos se vuelve urgente para prevenir y reparar los abusos que han afectado a personas trabajadoras y comunidades y paralelamente asegurar una mayor rentabilidad para el sector privado. La debida diligencia permite asegurar ciclos de gestión proactiva de riesgos reales y potenciales de los efectos adversos en los derechos humanos.

El pasado 11 y 12 de octubre se llevó a cabo el VIII Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, organizado por el Proyecto Conducta Empresarial responsable en América Latina (CERALC). Comunidades afectadas, organizaciones sociales, representantes de empresas, organismos internacionales y autoridades, tuvieron la oportunidad de generar intercambios y diálogos en torno a los desafíos que aún persisten en la responsabilidad que tienen las empresas de respetar los derechos humanos, prevenir y reparar las violaciones a los mismos que son resultado de su actividad.

En la sesión “Debida diligencia y los derechos de participación, información y reparación en el sector agronegocios”, organizada por Fundación Avina, los diversos sectores coincidieron en que uno de los desafíos es el amplio desconocimiento sobre el concepto y los aportes de la implementación de modelos de debida diligencia en derechos humanos.

Liliana Perdomo Vela, gerente de Negocios y Derechos Humanos en CHB Group, señaló que uno de los desafíos actuales es que las empresas puedan integrar los análisis de impactos en materia de derechos humanos a sus sistemas de gestión de riesgos. Enfatizó que existe un desconocimiento por parte de las empresas de la relación entre los instrumentos internacionales de derechos humanos y las actividades empresariales. De forma positiva, valoró cómo las empresas del sector están empezando a hablar y poner en su agenda interna su responsabilidad activa de respetar los derechos humanos. Esto implica la acción, gestión, implementación de procesos, prácticas, políticas que transversalice en el sector la perspectiva de derechos humanos.

Sesión organizada por la Fundación AVINA: “Debida diligencia y los derechos de participación, información y reparación en el sector agronegocios»

Jorge Acosta, fundador del Sindicato de ASTAC, advirtió que el poder económico y político que tienen las productoras y exportadoras de plátano en Ecuador, son un reto para la protección y garantía de los derechos de las personas trabajadoras. Este poder permite la falta de transparencia en las cadenas de valor y junto al contexto de violencia y la debilidad del sistema de justicia, desalienta la denuncia. ASTAC ha presentado denuncias en el marco del mecanismo de debida diligencia y han sido blanco de amenazas por su labor de denuncia. Jorge llamó a reflexionar sobre cómo fortalecer la práctica y fiscalización de la debida diligencia, así como el rol de los sindicatos en la región.

Otro aspecto clave que requiere fortalecerse es la inclusión de la perspectiva de género. Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Derecho al Trabajo Decente del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (CECIG), advirtió que las violaciones a los derechos laborales de las mujeres trabajadoras agrícolas ocurren en ½ parte por el desconocimiento de los empleadores y las autoridades de sus problemáticas y contextos. Si estos se desconocen, no será posible saber ni cuáles son sus derechos ni qué implica su defensa y garantía, consideró Nemecio.

Estos retos y obstáculos opacan la posibilidad de entender el impacto positivo que tiene en las personas trabajadoras la debida diligencia en el sector agrícola, como relató Roselia Marisol Canel Tejaxún, trabajadora agrícola guatemalteca. Ella junto a su familia vio los efectos del clima en la agricultura familiar y posteriormente enfrentó posteriormente enfrentó condiciones abusivas como trabajadora agrícola, como jornadas de 18 horas y un pago insuficiente. Relató como por ser mujer se amplían los obstáculos y los prejuicios que hace que los empleadores prefieran contratar a hombres. Finalmente, a través del apoyo de CIERTO y su modelo de reclutamiento ético, realizó un periodo laboral en Estados Unidos.

“Soy una agricultora que viene de una familia agrícola, nosotros cosechamos lo que es el maíz y el ejote, con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que nuestras cosechas ya no daban lo que daban antes, pues por el Clima, la lluvia ya no caía como antes y esto nos afectó bastante ya que vivimos de las cosechas y es así como decidí ir a trabajar a una industria en Guatemala en un cuarto frio donde se trabajaba más de 18 horas, yo estuve trabajando ahí para poder pagar mis estudios […] me di cuenta que no me alcanzaba y decidí buscar a una organización que me ayudara a buscar un futuro mejor”, dijo Canel Tejaxún.

Para Verónica Rodríguez, integrante de Fundación Avina y Coordinadora del proyecto PERIPLO, la sesión permitió un diálogo directo y claro entre las personas trabajadoras, sociedad civil, comunidades afectadas y representantes de empresas.

Al cierre de la sesión, fue claro el consenso ante la importancia de avanzar en la implementación de mecanismos de debida diligencia en derechos humanos robustos que pongan en el centro a las comunidades y personas trabajadoras, tomando en cuenta enfoques diferenciados y priorizando el diálogo abierto. Espacios como este son clave para permitir generar vínculos más profundos sobre los que seguir trabajando por un sector agrícola más justo e inclusivo en su cadena de valor que integre una visión desde los derechos humanos.

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Observatorio ciudadano

Organización no gubernamental sin fines de lucro que cuenta con más de 15 años de experiencia en la defensa, promoción y documentación de los derechos humanos a nivel nacional que cuenta con un equipo de profesionales interdisciplinario presente en tres regiones del país (regiones Metropolitana, Valparaíso y Araucanía) lo que contribuye a la descentralización de las distintas iniciativas. Dentro de sus principales apuestas esta el acompañamiento y la defensa de las poblaciones más vulnerables por la violación de sus derechos, a través del uso de herramientas e instrumentos nacionales e internacionales, siendo las personas migrantes uno de los principales grupos de atención especial.